Cada vez es más habitual ver como los organismos utilizan la vía electrónica para realizar todo tipo de trámites y también, ver como para nosotros es más complicado seguir el ritmo.

A principios de este año, el Ministerio de Fomento y las Comunidades Autónomas comenzaron a tramitar los nuevos requerimientos de inspección y expedientes sancionadores por esta vía. Todo ello en consecuencia de las nuevas Leyes de Ordenación de Transporte Terrestre y la de Procedimiento Administrativo de las Administraciones Públicas.
Se considera una situación de muchos nervios por parte de los transportistas, ya que, al utilizar cada organismo sus propios servicios de notificación electrónica les obligan a acceder a muchas sedes electrónicas para poder consultar el contenido de los expedientes sancionadores. Además, es muy importante saber que en caso de que no reciban respuesta a un requerimiento procederán a sancionar por obstrucción a la labor inspectora con una multa que puede llegar hasta los 4.001 euros.
Este sector reprocha que es una situación que lo único que produce es una grave indefensión e inseguridad jurídica al colectivo ya que incumple uno de los principales objetivos perseguido por la Ley de Procedimiento Administrativo, dice así “garantizar el adecuado equilibrio entre la eficacia de la actuación administrativa y la imprescindible salvaguarda de los derechos de los ciudadanos y las empresas, que deben ejercerse en condiciones BÁSICAS de igualdad en cualquier parte del territorio”.

Por este motivo, reclaman se establezca la obligatoriedad para todas las Administraciones Públicas competentes en esta materia, utilizar una sede COMÚN de notificación electrónica de expedientes sancionadores y así evitar el caos.

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